Por Ana Isabel, voluntaria y activista en salud mental en Fundación SOYCOMOTU
Alrededor del 4.2% de los presos tiene un Trastorno Mental Grave (en adelante TMG). Es importante tener en cuenta que un tercio de los presos ha sido diagnosticado con un trastorno mental en algún momento de su vida. Siendo la cifra mucho mayor si tenemos en cuenta que casi la mitad de los evaluados por un psiquiatra recibe este diagnóstico.
A pesar de estos datos, solo uno de cada cinco presos con TMG (el 22%) está ingresado en uno de los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios de España (situados en Sevilla y Alicante), mientras que el resto quedan arrestados en una cárcel ordinaria, a pesar de que tienen altas necesidades de cuidados por su TMG.
En un sistema ideal, el medio penitenciario podría suponer una oportunidad para el cuidado de la salud mental del preso, ya que 7 de cada 10 internos diagnosticados de un TMG no han tenido seguimiento alguno previo a la entrada en prisión. Por desgracia, el seguimiento médico y psiquiátrico no es el más exhaustivo en los centros penitenciarios.
Varón joven de entre 18 y 30 años es el perfil más habitual del recluso con altas necesidades de cuidado en salud mental. Generalmente tienen una patología dual, o comorbilidad adictiva, que empeora más el cuadro que presentan. Con pobre seguimiento médico previo y una adherencia al tratamiento fluctuante o nula, careciendo de recursos económicos por lo que suelen ser reincidentes.
Sobre ellos pesa, además, un doble estigma, el de tener un trastorno mental y el de estar en prisión, hasta tal punto que hay unidades de rehabilitación y centros de salud mental que se reservan poder rechazar a personas con TMG como medida de seguridad.
En cuanto al personal de los centros penitenciarios, los médicos en la administración central tienen un ratio de 5,2 por cada 1.000 personas internas, muy por debajo de la europea, que es de ocho por cada 1.000.
Frente a esto, se ha puesto la mira en los modelos que implementan sistemas innovadores como los del País Vasco y Cataluña, pues hasta que no se integren correctamente el sistema de sanidad penitenciaria en los sistemas de salud autonómicos, se seguirán vulnerando los principios de equidad, igualdad de oportunidad, arraigo y calidad asistencial que garantizan las leyes sanitarias.
Si ya de por sí se produce un estigma y la invisibilización de los problemas de salud mental en la sociedad, aquellos que los sufren en prisión llevan consigo ese doble estigma, una situación insostenible ya que 9 de cada 10 reclusos ha padecido algún trastorno mental a lo largo de su vida y la prevalencia de estos TMG es cinco veces superior a la de la población general y diez veces superior en los casos más graves.
A pesar de estos datos, las cárceles no tienen psiquiatras en plantilla o tienen uno, llegándose a dejar uno de los hospitales psiquiátricos penitenciarios sin psicólogo ni psiquiatra durante un tiempo prolongado.
La condición de privación de libertad, el aislamiento y el control de todos los aspectos de la vida es el caldo de cultivo perfecto para la agudización de los trastornos previos y la creación de nuevos para aquellos que no tenían o presentaban alguna vulnerabilidad. En este sentido, prisión y salud mental son antagónicas.
Espacios con cerca de 100 presos por pabellón dificultan una atención personalizada, lo que unido a que solo existan dos en todo el país, produce mayor “desarraigo” de los reclusos. Asimismo, el déficit de acceso a la terapia, por la escasez de psicólogos y psiquiatras, hace que predominen las terapias psicofarmacológicas.
Fuente: https://www.rtve.es/noticias/20230621/enfermedades-mentales-prisiones-faltan-medios/2450211.shtml
