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MANIFIESTO POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: DERECHOS HUMANOS EN SALUD SALUD MENTAL

Según la OMS, una de cada cuatro personas en el mundo vive con un problema de salud mental.  Sin embargo, la cobertura del tratamiento es inaceptablemente pobre, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Una mala salud mental es un factor que predispone a una mala salud física y a una esperanza de vida muy reducida. La ausencia de un apoyo holístico de salud mental basado en la comunidad en muchas partes del mundo significa que el único apoyo disponible está en las instituciones psiquiátricas, que están asociadas con graves violaciones de los derechos humanos, como el trato degradante y el abuso, la violencia, incluyendo la reclusión, el aislamiento y la restricción, utilizados como castigo y coerción, y muchas otras violaciones que abarcan los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales básicos. Existe un fuerte vínculo entre la salud mental y la pobreza, y las dificultades económicas derivadas de la inadecuada realización de los derechos a la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación y el agua, entre otros derechos humanos.

En este día 10 de diciembre de 2024, Día de los Derechos Humanos, que este año tiene como tema, “Nuestros derechos, nuestro futuro ¡Ya!, en Fundación SOYCOMOTÚ hemos querido revisar la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 19 de junio de 2020 43/13. Salud mental y derechos humanos, y hacer un resumen de lo que consideramos muy importante y prioritario.

Como se reconoció en esta resolución, también nosotros sabemos y reconocemos  la función tan importante que desempeñan la psiquiatría, la psicología y otras profesiones del ámbito de la salud mental, junto con otras instituciones y servicios gubernamentales,  en la adopción de medidas para que las prácticas que se realizan en la esfera de la salud mental no perpetúen el estigma, la discriminación y la exclusión social, la coacción, la medicalización excesiva y el internamiento en instituciones, que dan lugar violaciones o abusos contra los derechos humanos.

Reafirmamos también “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, que es un derecho inclusivo que abarca la lucha contra los factores determinantes básicos de la salud mediante intervenciones, políticas y programas que protejan a las personas de los principales factores de riesgo para la salud.  Recordad que, según se establece en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así pues, la buena salud y el bienestar mental no pueden definirse por la ausencia de problemas de la salud mental o discapacidades psicosociales, sino por la existencia de un entorno que permita a las personas y las poblaciones vivir una vida digna con pleno disfrute de sus derechos y tratar de desarrollar su potencial en igualdad de condiciones con las demás, y que valore los vínculos sociales y el respeto mediante relaciones no violentas y saludables a nivel individual y social. También estamos preocupados por la persistente disparidad entre la salud física y la salud mental, que se pone de manifiesto en la marginación de la salud mental en las políticas y los presupuestos de salud o en los estudios de medicina y la investigación y la práctica médica.

Y, por supuesto, también reconocemos, igual que en esta resolución de la que os hablamos, que las mujeres y las niñas con problemas de la salud mental o discapacidades psicosociales de todas las edades, en particular las que utilizan los servicios de salud mental, son más vulnerables a la violencia, los abusos, la discriminación y los estereotipos negativos. Por tanto, existe la necesidad de que se adopten todas las medidas adecuadas para garantizar el acceso a servicios de salud mental y comunitarios que tengan en cuenta las cuestiones de género y así romper con el doble estigma por ser mujer y por tener problemas de salud mental.

Está todo muy adecuadamente redactado y aprobado desde 2020, así que el motivo de este artículo es sacarlo de nuevo a la palestra para que no se nos olviden nuestros derechos y para que nuestro Estado y nuestras Comunidades Autónomas se pongan las pilas con esto de una vez. Es una obligación de los Estados:  proteger, promover y respetar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y asegurarse de que las políticas y los servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.

Desde Fundación SOYCOMOTÚ, también exigimos a nuestro Estado y a nuestras Comunidades Autónomas, que adopten, de manera activa, medidas para la plena integración de una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y comunitarios, y adopten, apliquen, actualicen, refuercen o supervisen, según proceda, todas las leyes, políticas y prácticas existentes, para eliminar todas las formas de discriminación, estigma, estereotipos, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social, segregación, privación ilegal o arbitraria de la libertad e internamiento en instituciones, así como la medicalización excesiva en ese contexto. Que promuevan el derecho de las personas con problemas de la salud mental o discapacidades psicosociales a vivir de manera independiente, a la plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, a decidir sobre los asuntos que les afecten y a que se respete su dignidad en igualdad de condiciones con las demás. Además, también urge adoptar estrategias de prevención de la depresión y el suicidio, como políticas públicas de salud que respeten los derechos humanos y se centren en combatir los factores determinantes, mejorar las competencias para la vida y la resiliencia, promover los vínculos sociales y las relaciones saludables y evitar la medicalización excesiva.

Solicitamos encarecidamente que nos apoyen en el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales para que conozcamos y exijamos nuestros derechos. Y que se promuevan entre otras cosas, conocimientos en materia de salud y derechos humanos.

Que se impartan programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos a los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, la policía, los agentes del orden, el personal penitenciario y otros profesionales pertinentes, con especial hincapié en la no discriminación, el consentimiento libre e informado y el respeto por la voluntad y las preferencias de todos, la confidencialidad y la intimidad.

Junto a estas medidas, se ha de promover la participación efectiva, plena y genuina de las personas con problemas de la salud mental o discapacidades psicosociales y de sus organizaciones en la elaboración, aplicación y supervisión de leyes, políticas, servicios y programas pertinentes para hacer efectivo el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud mental: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.